Por Robert K. Fernández
– De acuerdo con el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adptada por la ONU en 1948, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
– Este mandato, entre otros, ha sido insistentemente violado por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF), al negarles a más de dos mil miembros de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), durante mes y medio, los salarios para sufragar los alimentos de sus familias y otros gastos.
– Muchos de ellos son personas enfermas, algunas son pacientes del Instituto Oncológico, y dependen de sus ingresos salariales para sufragar sus medicamentos.
– La Declaración señala también que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, lo cual también fue violado y esto agrava más el crimen de lesa humanidad por parte de las instituciones mencionadas.
– A los abogados del Gobierno, sobre todo, se les ha olvidado que existe una Declaración de los Derechos Humanos y una Constitución que señalan el derecho al trabajo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, “dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
– ¿Dónde están la fraternidad, la dignidad y los derechos que debían mostrarles estas dos instituciones infractoras de las leyes humanas, sobre todo la del derecho a la alimentación de estos chiricanos que no han cometido ningún crimen execrable?
– ¿Deben ellos pagar por los deslices políticos de quienes se creen los dueños del país? También es necesario apuntar que, según la Declaración, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata, de esclavos están prohibidos, y tampoco será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en todas sus formas.
– ¿No ha sido degradante el trato que se les ha inferido a estos ciudadanos? Por Dios que sí lo ha sido, ¿y quién se atreve a negarlo?
– Los derechos humanos promulgados por la ONU tienen sus bases en el respeto a todos los seres humanos; no importa su raza, ideología, estatus social, todos merecen la consideración de las autoridades que deben proteger la vida, salud, honra y bienestar de todos los habitantes, les gusten o no.
– Pero lo peor en que han incurrido estas instituciones violadoras de los derechos humanos es que han violentado el derecho que tiene toda persona a recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a ella, así como a su familia, una existencia decorosa.
– Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
– ¿A dónde mandaron la dignidad humana en este país? A paseo, porque a ninguna autoridad le remuerde la conciencia el destino de esas personas que confiaron en una comunidad política que las desprecia o no sienten ninguna simpatía por los problemas que afrontan estos ciudadanos, ya que las autoridades no sufren en carne propia falta de alimentos ni medicinas, ya que ahora mismo están disfrutando de las oficinas gubernamentales donde gozan de todas las comodidades que ofrece la burocracia.
– Hasta ahora, nadie ha decidido la suerte del conglomerado de la UNACHI. ¿Los dejarán sin sus salarios hasta diciembre o la Defensoría del Pueblo, las autoridades del Ministerio de Trabajo y las organizaciones locales de derechos humanos, que pregonan la defensa de otros pueblos cuando están en aprietos por desastres naturales saldrán en su defensa?
– Pues ahora un grupo de panameños ha sido atacado por la indolencia política de quienes deberían defender sus derechos y se niegan a hacerlo.
– En todo caso, el trabajo es un derecho y un deber del individuo y el Estado debe elaborar políticas económicas para crear puestos de trabajo.
– Esto está consagrado en el artículo 64 de la Constitución de Panamá, el cual no dice, por ningún lado, que la Contraloría y el MEF tienen derecho a dejar a los trabajadores sin tres quincenas de salarios congelados después de haber cumplido con su deber diariamente.
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