Colaboración de SITIESPA
– Su intención y necesidad de entrar de lleno en el debate nacional, para formular políticas públicas y propuestas concretas que permitan modificar y modernizar el plan y el sistema energético de Panamá, fue manifestada formalmente por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA).
– Por ello que presentó, ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, su propuesta de ley para el estar, como un acto activo, durante el debate para reformar la ley 6 de 1997 que rige el sector eléctrico, desde la perspectiva de los trabajadores.
– Esta postura se produce en medio de un momento coyuntural clave, donde el Órgano Ejecutivo y la bancada independiente Vamos, ya han puesto sobre la mesa sus propios proyectos para reformar de raíz la Ley 6 de 1997 (que rige el sector eléctrico), con miras al vencimiento de las concesiones de distribución eléctrica en el año 2028.
– Los pilares que defiende SITIESPA, como señaló su secretario general Ariel Muñoz, en cuanto a “la voz de los trabajadores que operan y conocen diariamente el sistema, el sindicato busca que la reforma no sea una simple redistribución de negocios corporativos, sino que ponga en el centro los siguientes puntos clave: como una tarifa justa para el usuario, evaluar cuánto pagará finalmente el consumidor final y mitigar los altos costos de la energía; definir quién tendrá las riendas del sistema y qué papel de fiscalización jugará el Estado panameño frente a los monopolios u oligopolios privados”.
– Por su parte, Rogelio Kentish, secretario de defensa del SITIESPA, resaltó: “Exigir que la modernización tecnológica y regulatoria se acompañe de capacitación, certificación y un respeto irrestricto a los derechos y conquistas sindicales de los trabajadores del sector, en el contexto de la reforma energética en Panamá”.
– El país se encuentra actualmente en un proceso masivo de reestructuración energética debido a dos factores principales:
1.- Actualización del Plan Energético Nacional (PEN): La Secretaría Nacional de Energía inició los talleres de consulta para estructurar la hoja de ruta de inversiones e infraestructura hasta el año 2040.
2.- Presión social por el mal servicio: Con un alto volumen de quejas por apagones y fluctuaciones en el país, los proyectos de leyes en la Asamblea Nacional buscan separar la distribución de la comercialización de la energía para romper monopolios, obligar a las empresas a pagar créditos directos por daños a los usuarios y asegurar la electrificación rural.
– SITIESPA sostiene que la participación de los trabajadores técnicos debe darse ahora que se diseñan las leyes, y no cuando los nuevos contratos y modelos ya estén completamente decididos.
– En ese sentido, el sindicato subrayó que tiene la oportunidad de demostrar que el sindicalismo no solo defiende puestos de trabajo; también puede formular políticas públicas. Una propuesta propia permitiría colocar en el centro tres preguntas: ¿cuánto pagará el usuario, quién controlará el mercado y qué papel tendrá el Estado?
– “Reformar la Ley 6 puede ser una oportunidad histórica o una simple redistribución de negocios dentro del mismo modelo. Por eso, la participación de los trabajadores no debe llegar cuando todo esté decidido. Debe llegar ahora”, puntualizó Ariel Muñoz, secretario general del SITIESPA.
– La organización sindical sostiene que el debate no debe centrarse únicamente en la redistribución de los negocios privados. Su participación busca equilibrar la discusión pública respondiendo a tres ejes fundamentales:
– Tarifas justas: Definir con claridad cuánto pagará el usuario final por el servicio eléctrico.
– Control del mercado: Esclarecer qué entes regularán y operarán el sector de forma transparente.
– Rol del Estado: Fortalecer el papel estatal en la fiscalización y garantizar una transición energética justa que incluya la capacitación y certificación de los trabajadores panameños.
– El Ejecutivo, por medio del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto para modificar la Ley 6 de 1997. A ello se sumó el anteproyecto impulsado por la bancada Vamos.
– Dos iniciativas distintas que coinciden en algo esencial: el modelo eléctrico necesita cambios. Ese debate, sin embargo, no puede quedar únicamente entre empresas, autoridades y diputados.
– La propuesta del Ejecutivo fortalece las facultades de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), endurece las sanciones, incorpora compensaciones para los usuarios y permite intervenir una distribuidora cuando esté en riesgo la continuidad del servicio. Son elementos que responden a problemas reales y a reclamos que durante años han formulado los consumidores.
– Sin embargo, abrir mercados no garantiza automáticamente tarifas más bajas. También hay que preguntar quién controlará las redes, qué costos podrán trasladarse al usuario y qué ocurrirá con ETESA y el Centro Nacional de Despacho (CND).
– Dar mayor independencia técnica y funcional al CND merece discusión, pero cualquier transformación debe evitar debilitar capacidades estratégicas del Estado.
– Ante este escenario, SITIESPA no puede limitarse a observar. Los trabajadores poseen algo que muchas veces falta en reformas elaboradas desde oficinas: conocimiento directo de cómo funciona el sistema, dónde están sus ineficiencias, cómo se comportan las empresas y qué decisiones terminan afectando el servicio y la tarifa.
– El Ejecutivo ya puso su propuesta sobre la mesa. Vamos también ha presentado la suya. Falta una voz indispensable: la de quienes operan, mantienen y conocen diariamente el sistema eléctrico. Esa voz puede aportar equilibrio técnico y social al debate nacional.
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