Castigo constitucional

Por Robert K. Fernández

– Ningún gobierno puede jactarse de tener riquezas, pues no es más que un administrador temporal que emplea los dineros de los países de manera acertada o rocambolescamente cada cuatro o cinco años, en las repúblicas donde se celebran elecciones democráticas, y casi por siempre en las naciones autocráticas o teocráticas o hasta que los depongan.

– Los gobiernos no tienen dinero propio, sino los fondos que se recaudan en todos los países mediante impuestos que pagan todos los ciudadanos, de ingresos no tributarios, entre ellos tasas, multas, peajes y la venta o explotación de recursos naturales o empresas estatales.

– Tienen la facultad de invertir el dinero de todos los ciudadanos en los programas de interés social y humano y proyectos importantes para el país, aunque muchas veces se dan fallas desastrosas. Muchas de las decisiones son tomadas por personas que no están preparadas para ejercer una función específica y que solo han sido nombradas por amiguismo o porque conozco a sus padres desde hace muchos años.

– Lo cierto es que no tienen ni un ápice de conmiseración con los seres humanos convivientes: no les preocupa la cantidad de pobladores carentes de agua potable todos los días, por las calles deterioradas que dañan los vehículos particulares, camiones, donde tampoco puede la gente transitar y un sinfín de problemas más en los que los administradores del Estado no logran poner sus mentes a funcionar para buscarles soluciones a estos problemas. 

– La falta de agua potable es un problema que enfrenta la población panameña desde hace muchos años. Ahora se pretende achacarle el mal a   El Niño como si fuera la primera vez que aparece este fenómeno en el mundo. Es un problema secular que los directores del IDAAN no aciertan a resolver, porque no les interesa o porque carecen de formación profesional.

– Todos los días miles de panameños mendigan al IDAAN por un poco de agua potable. Que pagan mensualmente pero no reciben, porque no pueden continuar viviendo sin el vital líquido que la mayoría de las veces se despilfarra por la cantidad de tuberías rotas cuyas reparaciones no parecen importarles a los funcionarios de la institución de marras, pues tardan meses en acudir a los lugares señalados para evitar el desperdicio. 

– En cuanto al estado de las calles, es difícil entender por qué el Ministerio de Obras Públicas no descentraliza las labores en cada provincia para atender las necesidades de las comunidades.

– Así podrían llevar a cabo las reparaciones necesarias en las vías de las comunidades y ciudades, las de producción para facilitar la salida de productos del interior hacia la capital y las provincias y viceversa. ¿Por qué el ministro tiene que asistir a todos los inicios de proyectos en el país si en el MOP hay directores en toda la geografía? 

– También hay que poner ojo avisor en algunos semáforos que tienen meses de estar funcionando mal y a nadie se le ocurre repararlos. ¿Esperan que ocurra un accidente porque los conductores que van en la vía principal no disminuyen la velocidad para dejar pasar a los que quieren girar a la izquierda?

– Dos casos: el de PriceSmart en la vía hacia Altos del Golf y el que está cerca del Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, en la 24 de diciembre.

–  A los servidores públicos se les remunera por la labor que realizan diariamente y tienen deberes y derechos, y el deber mayor es realizar su labor con toda la genialidad posible que satisfaga los requerimientos de las comunidades que así lo requieran: están obligados a desempeñar personalmente sus funciones a las que dedicarán el máximo de sus capacidades y percibirán por ellas una remuneración justa, según la constitución política de Panamá. 

– Ahora que se quiere promulgar una nueva Constitución Política, diferente a cualquier otra, es necesario incorporar normas que reorganicen el poder para castigar a los funcionarios públicos, desde el Presidente hacia abajo, que no cumplan con sus deberes y los que se atrevan a usar mal el dinero público o se aprovechen de sus cargos para adueñarse del dinero de todos los panameños, no importa de qué “buena familia” sea el que robó, pero hizo.