El dinero es mío, me lo quitaron

Por Robert K. Fernández

– El dinero es mío, me lo quitaron, no he renunciado a él desde que comenzaron a descontarlo cada agosto durante diez años. Gracias a Dios, el procedimiento ilegal no duró más. Sin embargo, no devolvieron el monto destinado a financiar programas estatales de vivienda social a través del Banco Hipotecario Nacional y se dio parte al Seguro Social. 

– El Estado no ha saldado la deuda histórica mediante la entrega del CEPADEM, ya que, en primera instancia, se apropió de parte de él al exigirles a los beneficiarios un porcentaje para poder redimir los certificados.

–  Luego paga los intereses devengados en 34 años con un llamado CEPANIM, porque siempre pensó en quedarse con una suma considerable del dinero que tanto ansiaban los esquilmados, lo cual comenzó a entregar a partir del 15 de julio de 2026 el Gobierno actual.

– La trampa estaba prefijada: les devolvemos el dinero, pero les quitamos, por lo menos, un treinta ciento. Esa era la consigna, si no teníamos de dónde sacar el dinero, ¿cómo íbamos a pagarles la suma más intereses? Se supone que el dinero estaba en el banco. ¿Se esfumó, alguien se apropió de él?

– Bueno, así cumpliríamos con darles algo con qué contentarlos y luego, aunque lloraran y se lamentaran, no podrían decir que el Gobierno no cumplió con la histórica deuda que contrajo con los trabajadores al  confiscarles la segunda partida del décimo tercer durante diez años y después devolvérselas 40 años después.

– Así se trata a los trabajadores, la mayoría jubilados, que claman por justicia, que no creían que un sector de sus conciudadanos sería capaz de confabularse para crear un plan de pago de la deuda tan ominoso como el de certificado de  pago negociables de la segunda partida del décimo tercer mes, que fue aprobado mediante la Ley 15 de mayo de 2017 del Gobierno de Juan Carlos Varela.

– “El propósito fue saldar una deuda estatal de más de 40 años…” Pero no cumplió porque se quedó con parte del dinero.

– Pero como quedaban intereses por redimir, se engatusó de nuevo a los reclamantes con un nuevo certificado de pago negociable por interés por mora (CEPANIM), el cual la mayoría de ancianos se han visto obligados a cambiar por muchas razones, entre ellas, la edad.

– Fue otro brutal entrampamiento en el que, al parecer, el Gobierno obligó a los beneficiarios a cometer el delito de prestarle dinero al Estado, pero los afectados no pudieron demostrar que el Estado creó la idea y ejerció presión indebida para aprovecharse de esa falta.

– Lo increíble de todo es que te dan opciones para negociar o cambiar los certificados como si esas fueran beneficios saludables para los necesitados de su dinero para saldar deudas, comprar medicamentos y pagar otros compromisos.

– Si no, tendría que esperar cinco o seis años para hacerlos efectivos. A pesar de eso, miles de ancianos, muchos de ellos con bastones y en sillas de ruedas, se quejaron, pero tenían que cumplir con sus conciencias  de procurarse a sí mismos salud, mediante la compra de medicamentos que la CSS no les dispensa.

– Los ancianos, al igual que todos los ciudadanos de este país, tienen derecho a la salud, la alimentación, a una vida con calidad, sin violencia, sin criminalidad, a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. ¿Cumple el Estado con todas las leyes aprobadas para resolver los problemas de los más necesitados? En vez de practicar el ejemplo, ha despreciado todas las normas posibles en deterioro del bien común.

– Para quienes crean que los certificados negociables son una buena forma de cumplir con las deudas del Estado no podrían pensar en pagar otros compromisos con este mecanismo inapropiado que le dan al deudor ventajas sobre el acreedor, la persona física o jurídica  que tiene derecho a exigir el pago.

– Entonces, ¿quién es el acreedor o el deudor? Pregúntenles a quienes obtuvieron más de 3,000 dólares en certificados y cobraron 1,900 dólares (más de mil en intereses) a cambio si él es uno de los dos. Todavía el Estado tiene una deuda con los prestamistas y está en la obligación de saldarla.