Panamá enfrenta una crisis de corrupción donde políticos y funcionarios de alto nivel han desviado fondos públicos durante años. A pesar de las investigaciones y condenas, la justicia panameña ha sido lenta, permitiendo a los culpables continuar con sus actividades. Se espera que en septiembre la justicia actúe contra estos individuos y se recupere el dinero para proyectos públicos.