Panamá toma el control de su destino: El futuro se construye con responsabilidad y serenidad

Por Eva E. Montilla, Revista LEA

– La Comisión Interministerial sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso, presentó ayer, 13 de julio de 2026, una actualización de la auditoria integral sobre ese proyecto cuprífero,  a través de los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Felipe Champan, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.

– Correspondió al titular del MICI iniciar la conferencia de prensa con la exposición del “marco del evento y el contexto del impacto económico y social que ha tenido el cierre de la operación para las familias, los proveedores y las comunidades panameñas”.

– Moltó explicó lo siguiente: “Mis compañeros y colegas, el ministro Felipe Chapman y el ministro Juan Carlos Navarro, hemos dedicado semanas de trabajo riguroso para llegar hasta aquí con la seriedad del país. Cada uno de nuestros equipos aporta su experiencia con un solo eje: encontrar la mejor solución para Panamá. 

– Hace algunos meses, una mujer emprendedora nos contó que de un día para otro pasó de tener un inventario de 3 a 4 meses a casi 2 años de mercancía almacenada, no porque su producto hubiese dejado de ser bueno, sino porque de un día para otro dejó de venderlo.

– Le pregunté si podíamos apoyar y ayudar a colocar ese inventario en el mercado económico y me respondió: “no ministro, lo que yo vendo es tan especializado que nadie me lo compra. Lo que necesito es que alguien se siente seriamente a analizar lo que ha sucedido”.

– “Y eso es lo que, precisamente, estamos haciendo aquí hoy. Como todos sabemos, en el año 2023, Panamá vivió un punto de quiebre. La ciudadanía habló en las calles, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo, que este Gobierno respeta y acata plenamente.

– Ese capítulo nos dejó una visión grabada. Los recursos de Panamá, y, sobre todo, los recursos naturales de Panamá, son de los panameños, y ninguna decisión sobre nuestro territorio va a volverse a tomar a espaldas de este país. El equipo no minimiza lo que ocurrió. Entendemos que detrás de cada una de estas manifestaciones había preocupaciones legales de Panamá.

– Ese mensaje fue legítimo. Y este Gobierno lo respeta. Pero también es legítima, y es nuestra obligación como servidores públicos, estudiar las consecuencias de lo que ha ocurrido desde entonces.

– Porque esas consecuencias son reales. Habitan en panameños con nombres y apellidos. 40.800 personas perdieron su trabajo de manera directa o indirecta. Jefes de familias que sostuvieron sus hogares con un buen salario, conductores del transporte que hoy están parados. Y, sobre todo, dueños de fondas, pequeñas ferreterías, que no están vendiendo absolutamente nada.

– Si sumamos a los dependientes, estamos hablando de más de 170.000 panameños a los cuales les cambió la vida de la noche a la mañana. El desempleo en Coclé pasó de 4% al 13%. El 76% de los proveedores tuvieron que despedir personas.

– Y el 42% dice que cerrará si la situación no logra cambiar. Son más de 2.000 empresas panameñas que aportaban a la economía real del interior del país. El 70% de esas empresas son pequeñas y medianas empresas.

– Esto no le pasó a una empresa, esto le pasó a Panamá. Y eso lo tenemos que tener claro. Desde el primer día, el presidente Mulino nos instruyó en entender la claridad de cuál era la situación real para poder actuar con responsabilidad.

– Traer una verdad científica, técnica, financiera sobre el Estado panameño, sin politiquería, necesitamos la evidencia cruda para poderla realizar y poder proponer decisiones concretas.

– El Estado panameño, como todos sabemos, contrató a la firma suiza SGS, una de las empresas de inspección y certificación más reconocidas del mundo.

– Se contrató una auditoría técnica integral de toda la operación. No lo hizo ningún grupo de interés, no la hizo ningún político, la hizo una empresa internacional, independiente, con una metodología verificable y, sobre todo, con resultados que hoy día son el producto de esta auditoría que no está sobre manos del Gobierno.

– Hace días, en un paso inédito en historia institucional de Panamá, se puso a disposición de todos los ciudadanos. Hoy día, expertos de nuestras universidades, de los gremios, de la sociedad civil, tienen acceso total a esos datos gracias a que el Ministerio de Ambiente los puso en su sitio web.

– Igual lo hemos hecho, de forma consecutiva, en el Ministerio de Comercio. Y es, precisamente, ese documento el que nos está permitiendo por primera vez sentarnos a analizar con evidencia técnica, no con opiniones, no con consignas, no con miedos, con datos.

– Apagar la luz y cerrar la puerta no es una solución. La ley es clara, la concesión tal y como existía es inconstitucional. Por tanto, alejados de las presiones corporativas y de los radicalismos ideológicos, el Gobierno nacional continúa trabajando, con mucho cuidado, todas las alternativas posibles para encontrar la mejor solución para Panamá.

– Hay tres principios que no consideramos una opción. Primero, soberanía absoluta.

Cualquier solución que adoptemos estará bajo la dirección rectora del Estado de Panamá. No habrá un solo galón de agua procesado, ni un metro de tierra movido que no sea fiscalizado en tiempo real por las instituciones del Estado. Panamá manda en su territorio.  Esto es bien importante.

– Segundo, el costo no lo va a pagar el pueblo panameño. Cualquier solución debe garantizar que los costos no salgan de los impuestos de los panameños para no sacrificar el presupuesto de nuestras escuelas, de nuestros hospitales y de ninguna obra en beneficio de la población.

– Debemos ser realistas. El Estado panameño no tiene miles y miles de millones de balboas para dedicarlos a este fin.

– Tercero, defensa de nuestra economía. La solución debe proteger nuestra credibilidad ante los inversionistas, enviar un mensaje de seguridad jurídica a los mercados internacionales y blindar a Panamá ante cualquier tema legal, demostrándole al mundo quiénes somos.

– Mi responsabilidad con la Comisión son las familias de Donoso, las familias de La Pintada, de Penonomé, pero también las de todo el país. Escuchar a los trabajadores, a los proveedores, a los comerciantes, a los líderes comunitarios, cosas que ya han empezado a hacer.

– La Comisión se reunió con los tres alcaldes de las áreas aledañas de Donoso, La Pintada, de Omar Torrijos y los presidentes de los consejos municipales. Seguiremos escuchando a la población, seguiremos escuchando a nuestra gente. 

– Así como escuchamos a aquella emprendedora que les mencioné al principio de esta conversación, ninguno de ellos está pidiendo que le regalen absolutamente nada. Piden que cualquier camino que se tome ponga al ciudadano primero, el panameño primero de todo.

– Panameño, la salida más fácil es mirar a otro lado y heredarle este problema, probablemente, al siguiente gobierno y que se quedara con el problema ambiental, el problema financiero, o peor que todo, a nuestras próximas generaciones. Pero este Gobierno está aquí para resolverlo.

– La Corte nos dio el marco legal, la evidencia científica nos está ayudando a entender la realidad y hoy con transparencia, Panamá toma el control de su destino.

– A los ciudadanos que perdieron sus ingresos, a los miles de panameños que esperan, los estamos escuchando, los vamos a seguir escuchando. Y lo que estamos construyendo aquí, es para ustedes.

– Hay decisiones que nacen del corazón y otras de la razón. Pero cuando el futuro de un país está en juego, las decisiones deben tomarse con responsabilidad y con serenidad, pensando siempre en eso”.