El corazón de una mina a cielo abierto

Por Julio C. Aizpurúa M.  El autor es educador.

– “No podrás entender nunca tu mitad, mientras rechaces la otra mitad.”

– Panamá enfrenta una necesidad real de desarrollo y generación de oportunidades. Esa aspiración es legítima y compartida por amplios sectores de la población. Sin embargo, también es legítimo preguntarnos cómo y bajo qué condiciones queremos avanzar.

– El desarrollo, para ser verdaderamente humano y duradero, debe construirse en equilibrio con la naturaleza y con un profundo sentido de responsabilidad ética y social.

– La reapertura de la mina de Donoso ha sido presentada como una opción para dinamizar la economía nacional. Reconocer ese potencial económico no implica ignorar las preocupaciones que genera.

– El debate minero no debería reducirse a una confrontación de posiciones irreconciliables, sino asumirse como una oportunidad para revisar, con madurez y transparencia, el modelo de desarrollo que aspiramos a construir como país.

– Las voces críticas frente al proyecto no surgen del rechazo automático ni de posturas extremas. Responden, en gran medida, a una desconfianza racional, construida a partir de experiencias históricas en las que el Estado no siempre ha logrado garantizar una administración justa de los recursos, una fiscalización efectiva ni una protección adecuada del interés colectivo.

– Escuchar estas preocupaciones no debilita al Estado; por el contrario, puede fortalecerlo.

– Al mismo tiempo, resulta comprensible que sectores del país vean en la minería una oportunidad para generar empleo, ingresos y estabilidad económica. Ambas visiones merecen ser consideradas con respeto.

– El verdadero desafío consiste en superar la lógica de imposición y avanzar hacia acuerdos socialmente legítimos, donde los beneficios y los riesgos sean evaluados con información completa y verificable.

– Panamá ha mostrado avances económicos importantes, pero también enfrenta profundas desigualdades. La coexistencia de grandes proyectos con pobreza estructural y limitaciones en el acceso a servicios básicos nos obliga a reflexionar sobre la distribución real de los beneficios del crecimiento.

– Cualquier decisión sobre la minería debe responder a esa realidad, asegurando que el bienestar no quede concentrado en pocos y que los costos ambientales no recaigan sobre las generaciones futuras.

– La transparencia es clave para construir confianza. La ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de las negociaciones, los actores involucrados, los mecanismos de fiscalización, las garantías ambientales y las sanciones ante posibles incumplimientos.

– La información clara y oportuna es una condición indispensable para un debate sereno y democrático.

– Solo a través del diálogo honesto, la rendición de cuentas y la participación informada podrá evaluarse, con responsabilidad, el enorme reto que implica intervenir una zona de alto valor ecológico, como el corazón verde del istmo y parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

– Exigir claridad, ética y transparencia no es un acto de confrontación, sino una invitación a decidir juntos, como sociedad, el tipo de desarrollo que queremos y el país que aspiramos a dejar a las futuras generaciones.