Un pago real no semántico

Por Robert K. Fernández

– El reclamo de los trabajadores sobre el pago de los intereses restantes de la segunda partida del décimo tercer mes que otorgaron al Gobierno nacional durante los años 1972 a 1983 para programas de vivienda, no es una acción semántica, sino muy real, ya que precisan de ese dinero para cumplir con el pago de compromisos ingentes.

– De acuerdo con el dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, el Gobierno nacional se ha comprometido a saldar en los tres primeros meses de este año 2026 la deuda devengada, la cual fue confirmada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, cuyas decisiones son firmes y finales. 

– El complimiento de este pago está en manos del presidente José Raúl Mulino, quien es también parte de los beneficiarios. Se espera que el mandatario cumpla con brindarles esperanzas a miles de personas que necesitan también saldar otras deudas pendientes.

– Este pago, que beneficiará a unas 400 mil personas, tendría un impacto positivo en la economía nacional, pues se realizaría en época cercana al comienzo de las clases en las escuelas públicas y privadas, que requiere de gastos de los padres de familia.

– Este desembolso podría aliviar los bolsillos a gran parte de estos acreedores del Gobierno.

– No se trata de un regalo que reclaman miles de panameños, sino de un compromiso adquirido por las autoridades de esa época con la obligación de devolver el dinero, después del tiempo estipulado, más intereses.

– Sin embargo, el Gobierno, tras muchos años de reclamos por la parte trabajadora, accedió a devolver el dinero, más parte de los intereses devengados. Ahora, pretende restituir la otra parte, no por decisión propia, sino por mandato de la Corte Suprema de Justicia,

– Con su fallo, la CSJ ha dignificado la vida de los panameños, algunos más necesitados que otros, pero con el mismo apremio de estos fondos.

– El Gobierno pagará esa deuda en los tres primeros meses del año, pero se sugiere que sea lo más pronto posible, porque es un dinero que le sacaron del bolsillo a miles de personas sin su consentimiento. 

– Ha sido la primera vez que el Gobierno, a la fuerza, sin pedir autorización de las otras partes, se presta un dinero ajeno. Entonces, está en la obligación de cumplir con lo estipulado, aunque la parte perjudicada no pactó ni una línea de ese contrato.

– Es necesario que el presidente dé su autorización para cumplir con los designios de la Corte Suprema de Justicia para que estos miles de panameños, sobre todo los jubilados, puedan resarcirse de parte del dinero que dejaron de percibir durante años.